cesid

5  12.03.2003

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akimismo

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Los servicios militares de información del Estado español espiaron durante diez años a la formación independentista, vigilando quién entraba y salía de la sede de Gasteiz, interceptando todas las conversaciones telefónicas menos las de una línea y grabando las reuniones y encuentros que se celebraban en varias de sus salas. Este espionaje afectó al trabajo institucional de la formación en ayuntamientos alaveses, en las Juntas Generales de Araba y en el Parlamento de Gasteiz. También a varias reuniones de la Mesa Nacional e incluso encuentros con otras formaciones políticas como PNV, EA, IU y EPK en el marco de los preparativos del Acuerdo de Lizarra-Garazi. El dispositivo de vigilancia fue descubierto en las obras de sustitución de la centralita telefónica de la sede de la calle Ramiro de Maeztu. La acusación particular ha logrado sentar en el banquillo a los directores del Cesid cuando comenzó el espionaje ­Emilio Alonso Manglano­ y cuando éste fue descubierto ­Javier Calderón Fernández­, además de a los agentes participantes que pudieron ser identificados, algunos de ellos gracias al trabajo del equipo de investigación de "Egin". Llamativamente, el fiscal tan sólo acusa a los dos militares que ocuparon el piso superior de la sede de HB, a pesar de reconocer que «las actividades de interceptación, escucha y grabación mencionadas consta que fueron realizadas por orden del Cesid». La Fiscalía pretende así establecer un cortafuegos que impida que los hechos salpiquen a uno de los pilares del Estado.

Lo que se dilucida en el juicio es la evidencia de que el Estado utiliza todos los instrumentos a su alcance, sean estos legales o ilegales, en su guerra contra el independentismo vasco. En los diez años que duró este espionaje estuvieron implicados gobiernos de Felipe González y de José María Aznar. Por eso, cuando el dispositivo fue descubierto, PP y PSOE se unieron en el mensaje de que todo vale contra HB. En cualquier democracia, el descubrimiento de una estructura de espionaje permanente contra una formación política legal con amplia representación popular hubiera hecho rodar cabezas políticas y, dado el caso, militares. En el Estado español, sin embargo, gobierno y oposición se cubren las espaldas y la Fiscalía intenta evitar daños mayores.


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Comentarios sobre esta opinión
mayboyant11

mayboyant11

16.03.2003 11:51

Realmente, hay para las que todos los gobiernos han actuado igual!!!

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